El Paquete Económico 2027 parte de una realidad: el Gobierno federal enfrenta un margen financiero limitado para atender simultáneamente los programas sociales, las pensiones, el costo de la deuda, las participaciones federales, la inversión pública y los proyectos prioritarios.

En este sentido, el Paquete Económico 2027 puede calificarse como creíble y responsable en el manejo de las finanzas públicas. No parte de expectativas artificiales ni pretende desconocer las restricciones económicas que enfrenta el país.

Por el contrario, reconoce que los recursos son limitados, que existen compromisos presupuestarios difíciles de reducir y que será necesario fortalecer los ingresos sin comprometer la estabilidad financiera.

Este realismo constituye una de sus principales fortalezas. La propuesta presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum no ofrece soluciones fáciles ni supone que el Estado cuenta con recursos ilimitados.

Asume las presiones existentes y plantea enfrentarlas mediante disciplina fiscal, mayor eficiencia recaudatoria y combate a las prácticas que erosionan los ingresos públicos.

Reconocer este mérito no significa ignorar los riesgos ni renunciar al análisis crítico. Un paquete puede ser responsable y creíble en su planteamiento y, al mismo tiempo, requerir una revisión rigurosa de sus instrumentos, sus efectos sobre los contribuyentes y su capacidad real de ejecución.

Frente a esta situación, la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum tomó una decisión política y económica relevante: no proponer nuevos impuestos ni incrementos generales en las tasas existentes.

En su lugar, se busca fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado mediante el combate a la evasión, la elusión, la defraudación fiscal y las operaciones simuladas.

Esta estrategia no se encuentra únicamente en la Ley de Ingresos. También debe analizarse a partir de tres iniciativas presentadas en el mismo contexto del Paquete Económico: la reforma a la Ley Aduanera, la armonización catastral y el impulso a los pagos digitales.

Aunque jurídicamente siguen procesos legislativos diferentes, económicamente responden a una misma lógica: identificar mercancías, propiedades y operaciones que actualmente se encuentran subvaluadas, subregistradas, simuladas o fuera del alcance efectivo de la autoridad.

El primer componente: recaudar mejor los impuestos existentes

El Paquete Económico fortalece los mecanismos para combatir la evasión, la elusión y la defraudación fiscal, particularmente las operaciones inexistentes, el uso de empresas factureras y otras prácticas destinadas a disminuir artificialmente el pago de contribuciones.

Este propósito es correcto y necesario. Combatir estas conductas no solamente incrementa los ingresos públicos; también protege a los contribuyentes que sí cumplen y evita que la simulación fiscal se convierta en una ventaja competitiva frente a las empresas formales.

A estas acciones se agregan modificaciones sobre la procedencia de determinadas deducciones y nuevas condiciones para la amortización de pérdidas fiscales. Un buen soporte de contabilidad resulta clave para acreditar la legitimidad de cada operación.

Estas medidas no crean, por sí mismas, un nuevo impuesto ni modifican necesariamente su tasa. Sin embargo, sí pueden ampliar la base gravable, limitar o diferir el reconocimiento de ciertos beneficios y anticipar el momento en que algunas contribuciones deberán ser pagadas.

Por ello, su efecto debe analizarse desde dos perspectivas: el incremento de los ingresos públicos y su impacto sobre el flujo financiero de los contribuyentes.

El reto consistirá en distinguir con claridad entre quienes utilizan deducciones o pérdidas para simular operaciones y quienes acreditan actividades empresariales legítimas.

Combatir los abusos fortalece al sistema tributario; generar incertidumbre para los contribuyentes cumplidos podría afectar la inversión y la actividad económica.

El segundo componente: cerrar las fugas en las aduanas

La reforma a la Ley Aduanera busca fortalecer el control sobre las operaciones de comercio exterior y combatir la subvaluación de mercancías, el contrabando, la simulación y la introducción irregular de combustibles.

Su efecto es directamente recaudatorio. Cada mercancía que ingresa con un valor inferior al real y cada operación simulada representan contribuciones que el Estado deja de recibir.

Esta iniciativa se complementa con los mecanismos de trazabilidad del IEPS y de los inventarios en la cadena de hidrocarburos. La finalidad es seguir el producto desde su ingreso, importación o producción hasta su venta final y cerrar espacios al huachicol fiscal.

No se trata de establecer un impuesto adicional, sino de impedir que las obligaciones existentes sean evadidas mediante irregularidades aduaneras, fiscales o documentales.

Para que la reforma alcance su objetivo, deberá fortalecer la responsabilidad de todos los participantes de la operación aduanera sin trasladar cargas desproporcionadas a quienes actúan legalmente.

La eficacia dependerá de la coordinación institucional, la calidad de la información y la capacidad operativa de las autoridades. Contar con acompañamiento especializado en consultoría y control interno reduce riesgos para las empresas cumplidas.

El tercer componente: actualizar la información catastral

La armonización catastral busca integrar, homologar y actualizar la información de los inmuebles existentes en el país.

Actualmente existen predios que no se encuentran debidamente registrados, construcciones que no han sido incorporadas a los catastros y propiedades cuyo valor registrado no corresponde a sus características actuales.

Contar con información completa permitirá conocer con mayor precisión la ubicación, superficie, uso y valor de los inmuebles. Esto puede ampliar la base del impuesto predial y fortalecer los ingresos propios de los municipios, reduciendo gradualmente su dependencia de las transferencias federales.

Su efecto recaudatorio no necesariamente será inmediato ni uniforme. Corresponderá a las autoridades locales determinar las tarifas, los mecanismos de actualización y las medidas de protección para evitar afectaciones desproporcionadas a familias, pequeños propietarios y personas en situación de vulnerabilidad.

La armonización catastral puede fortalecer las finanzas municipales, siempre que se acompañe de gradualidad, transparencia, certeza jurídica y una adecuada comunicación con la ciudadanía.

El cuarto componente: hacer trazables las operaciones económicas

El impulso a los pagos digitales tiene una dimensión de inclusión financiera y modernización económica, pero también produce efectos fiscales.

Las operaciones en efectivo son difíciles de rastrear. En cambio, cuando una transacción se realiza a través del sistema financiero, queda un registro que permite identificar su monto, fecha, origen y destino.

Una mayor digitalización facilita el contraste entre las operaciones realizadas y los ingresos declarados, ayuda a detectar posibles inconsistencias y reduce los espacios para la informalidad, la evasión y la defraudación fiscal.

En este contexto, contar con controles sólidos de prevención de lavado de dinero permite a las empresas alinearse con estos nuevos estándares de trazabilidad.

Esto no debe entenderse como la desaparición inmediata del efectivo. México todavía presenta brechas de conectividad, bancarización y acceso tecnológico que deben ser atendidas.

El objetivo debe ser facilitar y promover los pagos digitales, no excluir a quienes todavía dependen del efectivo ni convertir cada operación cotidiana en una presunción de incumplimiento.

Una estrategia integral de ingresos

Las medidas actúan sobre ámbitos diferentes, pero se complementan:

• La política tributaria busca reducir la evasión, la elusión, la defraudación y el uso indebido de deducciones o pérdidas fiscales.
• La reforma aduanera busca controlar mejor las mercancías y los combustibles que ingresan al país.
• La armonización catastral busca actualizar el registro y el valor de la propiedad inmobiliaria.
• La digitalización busca hacer visibles y trazables las operaciones económicas.

En conjunto, la estrategia pretende que el Estado cuente con mejores datos, registros y herramientas de fiscalización para cobrar correctamente las contribuciones existentes.

Conclusión

El Gobierno federal ha optado por obtener mayores ingresos sin presentar una reforma fiscal general ni crear nuevos impuestos.

La apuesta consiste en combatir la evasión, la elusión, la defraudación fiscal, las factureras, la subvaluación aduanera y el huachicol fiscal; revisar la aplicación de deducciones y pérdidas; actualizar la información catastral y ampliar la trazabilidad de las operaciones económicas.

Es una estrategia congruente con el compromiso de no aumentar impuestos y con la necesidad real de fortalecer los ingresos públicos.

Sin embargo, su eficacia no dependerá solamente de aprobar las iniciativas. Requerirá capacidad institucional, coordinación entre autoridades, certeza jurídica, tecnología, protección de datos y una implementación que distinga entre el incumplimiento deliberado y la actividad económica legítima.

El objetivo de recaudar mejor es necesario. El desafío será conseguirlo sin afectar injustificadamente el flujo de las empresas cumplidas, la inversión, la inclusión financiera o el patrimonio de las familias.

No se trata únicamente de recaudar más. Se trata de construir un sistema en el que pague quien debe pagar, se cierre el espacio a la simulación y se fortalezca la confianza entre contribuyentes y autoridades.

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