La propuesta de reforma de la legislación que previene el lavado de dinero generará mayor «tramitología» con la mayor afectación a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Advertimos que la Minuta de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), recibida en Diputados y que se analizará en Comisiones, podría afectar la operación diaria de las empresas, especialmente de las MiPymes (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas), que representan el 99% del entramado productivo nacional”, aseguró a través de un comunicado.
La Coparmex expuso que la “inquietud se centra en la sobrerregulación que implica esta reforma, al ampliar significativamente las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables”.Play Video
Ello porque estas “modificaciones exigen a las empresas identificar y conocer a todos sus clientes mediante documentación oficial y, en el caso de personas morales, recabar información detallada sobre los beneficiarios”.
El sindicato patronal explicó que también se les obligará a las empresas pequeñas a “monitorear y avisar operaciones, lo que amplía el universo de transacciones sujetas a fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT)”.
La Coparmex comentó que para combatir el lavado de dinero se requiere eficiencia regulatoria, proporcionalidad jurídica y realismo operativo.
Aseguró que los cambios deben ser graduales, contener incentivos y no “amenazar” la operación de miles de negocios formales.
Lo que vemos actualmente es que en la iniciativa “prevalece la restricción al efectivo, situación que no refleja la realidad del país, con relación a la falta de bancarización de muchos clientes”.
Para la Coparmex la “implementación de esta iniciativa implicaría una inversión significativa en infraestructura tecnológica, capacitación constante del personal y contratación de servicios externos para garantizar la ejecución”.
