La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Pablo Gómez se ha convertido en un blindaje efectivo de la operación proselitista de Morena y sus aliados, pues se niega a compartir con el INE los datos sobre el origen de los recursos que se han destinado a campañas en los más recientes procesos electorales o los que, en los últimos meses, se dirigieron a impulsar las aspiraciones políticas de quienes se decían corcholatas de la cuarta transformación.

De acuerdo con el Informe de la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los procedimientos administrativos sancionadores, la UIF se ha negado a responder 48 de las 54 solicitudes de información que el órgano electoral le ha requerido sobre personas físicas y morales involucradas en movimientos políticos o sociales tendientes a ganar una elección. La excusa de don Pablo para no atender estos requerimientos es que están fuera de la ley.

Pero en ese argumento leguleyo olvida que desde 2019, la entonces UIF, cuando era encabezada por Santiago Nieto, su compañero cuatroteista, firmó un acuerdo de colaboración con el INE de Lorenzo Córdova, para compartir datos financieros de los actores políticos que facilitaran el proceso de fiscalización, pues según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el órgano que hoy dirige Guadalupe Taddei tiene facultades que rebasan el secreto financiero, fiduciario y fiscal.

El mencionado convenio se amplió en 2021 y fue la base para que, en agosto de ese mismo año, la propia UIF entregara a la Comisión de Fiscalización información sobre las finanzas de Pío López Obrador, hermano del Presidente; esto luego de que se difundieran los videos en los que el personaje recibía dinero en efectivo de operadores del Gobierno de Chiapas. Al final, el acto de transparencia desactivó la bomba que había caído sobre la familia presidencial.

No obstante, don Pablo Gómez, quien encabeza uno de los clanes familiares más amplios dentro del aparato burocrático del gobierno se niega a cumplir con la ley, y desdeña a un INE que se supone es más “amigable” con la 4T, pues el Congreso mayoritario de Morena ha logrado colocar a ocho consejeros electorales, incluyendo a su nueva presidenta.

Con esta actitud que abona en la opacidad quedarán todavía pendientes de resolverse algunas incógnitas, como quién estuvo detrás de organizaciones como las conocidas Que Siga la Democracia o la Alianza Patriótica Nacional, ambas muy activas para la recolección de firmas y los actos de proselitismo durante el proceso de Consulta de Revocación de Mandato; mismas que, de acuerdo con datos a los que tuvo acceso esta columna, también tuvieron mucho movimiento durante el proceso interno de selección de candidato del partido en el poder.

-Con información de DIARIO 24HRS