Los servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes son considerados como actividades vulnerables. Los bienes raíces se han convertido en una opción muy popular para las inversiones, lo que también genera que los delincuentes vean atractiva a esta industria para poder blanquear sus ganancias provenientes de distintos ilícitos, como corrupción, tráfico de drogas, evasión fiscal, entre muchos más.

En este contexto, México ha buscado acotar el riesgo de lavado de dinero en los bienes raíces, especialmente a partir de la entrada en vigor, en el 2013, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado.

De acuerdo con la normativa, dentro de las 16 actividades económicas no financieras sujetas a este régimen se encuentran: la construcción, el desarrollo, la intermediación y la compraventa de bienes inmuebles.

Para José de Jesús González Jiménez, director de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero ALIAND Strategic Partner, quien realiza estas actividades debe identificar a sus clientes, con independencias del monto de la operación y debe presentar avisos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando la operación de compraventa sea igual o superior a 8,025 UMAS, lo que actualmente equivale a 832,513.50 pesos.

Según la normativa, en caso de tener una omisión en el cumplimiento de las obligaciones, las multas pueden ir desde los 20,748 hasta los 207,480 pesos por no integrar el expediente de cliente o usuario y de 1 millón 37,400 a los 6 millones 743,100 pesos por omitir presentar un aviso ante el SAT.

La realidad en los bienes raíces

Antonio Nava, socio del despacho NM Consultores, explicó que la actividad inmobiliaria representa un riesgo de lavado de dinero por distintos factores, especialmente porque los delincuentes buscan materializar su dinero ilícito en un bien de valor tangible.

«Las personas que lavan dinero buscan materializar ese dinero sucio en un bien de valor tangible, como puede ser una propiedad o un terreno, por eso es que es atractivo para la gente que lava dinero adquirir propiedades e inclusive construir», declaró Nava.

De acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera, del 2013 a agosto pasado, se han presentado 2 millones 517,660 avisos al SAT por concepto de derechos personales de uso o goce de inmuebles y 1 millón 50,829 por transmisión de derechos sobre bienes inmuebles; además, se han presentado, del 2017 al octavo mes del año, 50,878 avisos por desarrollo inmobiliario.

Nava destacó que todavía falta mucho por concientizar a este sector para poder tener el cumplimiento establecido en la ley.

«Creo que todavía falta mucho trabajo por hacer para que el sector inmobiliario realmente este 100% incorporado a los temas de prevención de lavado de dinero y que estás comercializadoras y desarrolladoras de inmuebles se pongan a cumplir», apuntó Nava.

El especialista indicó que, como primer paso, las empresas deben registrarse ante el SAT y en segundo lugar, tener todo lo básico en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como un manual donde se establezcan los lineamientos para prevenir esta actividad.

Además, mencionó que es importante que cada firma tenga una persona encargada de verificar el cumplimiento; tener buenos controles operativos para darle seguimiento a las operaciones y cumplir en tiempo y forma con los avisos hacia la autoridad.

Recientemente, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, publicó la actualización de su guía sobre el enfoque basado en el riesgo para el sector inmobiliario, donde detalló que, en México, 77% de las infracciones a este sector han sido por falta de medidas adecuadas para llevar a cabo una debida diligencia del cliente.

En el documento, el organismo resaltó la necesidad de que las jurisdicciones sean más proactivas para establecer los lineamientos sugeridos para prevenir el lavado de dinero en esta industria.