En el último sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México enfrentó importantes desafíos en su lucha contra el lavado de dinero, perdiendo más de 37 mil millones de pesos en tribunales.
Dicho monto representa el 84.8% de los fondos congelados por la dependencia, quienes vieron como aquellos a quienes se les aplicaron medidas cautelares recuperaron sus recursos mediante el amparo de la “jurisprudencia Medina Mora”.
Esta jurisprudencia podría tener mayores consecuencias a partir de 2025, cuando las decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrían facilitar la recuperación de cuentas bancarias por parte de personas vinculadas con actividades ilícitas, como cárteles de drogas o redes de corrupción.
Impacto de la “jurisprudencia Medina Mora”
Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018, la UIF bloqueó 44 mil millones de pesos del sistema financiero mexicano.
Sin embargo, la mayoría de esos fondos fueron liberados tras decisiones judiciales que favorecieron a quienes apelaron con la jurisprudencia Medina Mora, un criterio establecido en 2018 por el ex ministro Eduardo Medina Mora.
Esta jurisprudencia obliga a la UIF a demostrar que las solicitudes de bloqueo provienen de autoridades extranjeras, dejando de lado las investigaciones nacionales relacionadas con delitos como el lavado de dinero.
De enero de 2019 a noviembre de 2024, la UIF tuvo que liberar 37 mil millones de pesos, beneficiando a miles de personas, entre ellas, actores clave en actividades ilícitas.
La Segunda Sala de la SCJN reforzó esta jurisprudencia en noviembre pasado, estableciendo que, además de la solicitud extranjera, las personas afectadas podrán recuperar sus cuentas con un amparo provisional, sin tener que esperar una resolución definitiva.
Esta decisión aceleraría aún más el proceso de liberación de cuentas bloqueadas, aumentando el riesgo de que el sistema financiero mexicano se vea vulnerable a recursos ilícitos.
Beneficiarios de las decisiones judiciales
Varios personajes vinculados con actividades criminales y corrupción se han visto beneficiados por estas decisiones.
Entre ellos destacan Kamel Nacif, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho, y la iglesia Luz del Mundo, vinculada con delitos sexuales de su líder Naasón Joaquín.
Además, Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, ha utilizado este mecanismo judicial para recuperar fondos a pesar de ser acusado de delincuencia organizada.
Otros casos notables incluyen a los asociados de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, y Sofía Guzmán, nieta de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes también han logrado descongelar sus cuentas bancarias gracias a esta jurisprudencia.
Efectos en el sistema financiero mexicano
El aumento de los amparos contra los bloqueos de la UIF, que creció un 215% desde la implementación de la jurisprudencia, ha generado una creciente preocupación en las autoridades.
Aunque algunos expertos consideran que la decisión de la SCJN busca proteger derechos fundamentales, la UIF ha señalado que estas decisiones podrían facilitar la impunidad de aquellos involucrados en el crimen organizado y otros delitos financieros.
En 2019, la UIF tuvo que liberar el 96.3% de los 16 mil millones de pesos bloqueados, y en 2020, solo retuvo el 1.83%.
Para 2024, la situación parece mejorar ligeramente, ya que ha logrado asegurar más del 93% de los fondos bloqueados.
Sin embargo, con las nuevas medidas judiciales, la dependencia teme que el porcentaje de fondos recuperados por personas involucradas en actividades ilícitas alcance niveles récord, dejando al sistema financiero mexicano aún más expuesto.
Perspectivas a futuro
A partir de 2025, la UIF se enfrenta a nuevos desafíos debido a las recientes decisiones de la SCJN, que facilitarían la recuperación casi inmediata de cuentas bloqueadas mediante un amparo provisional.
Las autoridades mexicanas temen que estas decisiones refuercen la impunidad para personas relacionadas con actividades criminales, afectando la eficacia de las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
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