Se estima que un 6 por ciento del Producto Interno Bruto a nivel global, es decir esa cantidad de lo que produce un país puede llegar a ser proveniente de dinero o de actividades ilícitas, es decir de dinero lavado, advirtió Santiago Galván Espinosa, presidente del Colegio de Contadores de Públicos de San Luis Potosí.
Aclaró que no hay un estimado que pueda ofrecer bases ciertas para un cálculo exacto de dinero, pero finalmente es un fenómeno global.
Precisó que por lo general el dinero es lavado en actividades tales como prestamistas que se anuncian en los postes, lotes de autos milagro que abren de la noche a la mañana, vendedores informales de vivienda, constructores, vendedores de materiales de construcción que no cumplen con los requisitos fiscales, y operadores de plataformas que pudieran agravar el riesgo por la dificultad para detectar la procedencia del dinero.
Recordó que la desaparición de una empresa es un riesgo que se puede asumir si entra dinero lavado, sin importar que antes lleve un buen historial. Recordó que hay gente en la cárcel que a través de este tipo de controles generó la información necesaria para que el Ministerio Público o la Fiscalía pudieran atraparlos.
Lo que se busca es que esa utilidad que se está generando por dinero ilícito, no entre a la economía formal, pero sobre todo que no entre a las empresas porque si en alguna compañía no se tienen los controles adecuados, en automático se convierte en un cómplice”.
Todos los delitos generan demasiadas utilidades y se traducen en compras de casas, de vehículos o de pagar colegiaturas, y como cualquier persona necesita utilizar el dinero.
Sin embargo, no pueden utilizarlo cuando es de procedencia ilícita, y cuando tiene todo para determinar que es dinero sucio, y es por eso que pretenden lavarlo.
Precisamente por esa causa, consideró necesario que los contadores entiendan en qué y por qué fue modificada la ley antilavado, cómo hay que cumplir para no violar ese ordenamiento, y de qué manera entender la ley y sus estándares de protección que prevenga que el dinero entre a las empresas.
Las modificaciones a la ley publicadas apenas en julio, todavía esperan reglas de operación que permitan facilitar el cumplimiento, porque por ejemplo auditarse y capacitarse no será un costo menor, pero además se exigirá contar con un sistema automatizado que tampoco es un costo menor, y aunque la medida puede implicar que una pequeña empresa tenga que invertir lo mismo que una empresa grande o un banco, para empresas con poca capacidad financiera, esta adaptación puede representar un problema.
