Muchos pequeños y medianos empresarios se preguntarán: ¿a mí en que me afecta las políticas de prevención de lavado de dinero?, ya que soy empresa familiar o muy pequeña para pensar que los interesados en introducir los frutos de actividades ilícitas a la economía formal o financiar actividades terroristas quieran tener algo que ver conmigo.
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional, del cual México es miembro, existen algunas actividades económicas que son de mayor riesgo que otras, entre ellas están las actividades financieras, las inmobiliarias, los juegos de apuestas, el comercio de artículos de lujo, entre otros.
Todas estas actividades fueron incluidas en la Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012, y cuya última reforma fue el 20 de mayo del 2021.
Derivado de los acuerdos del Grupo de Acción Financiera Internacional y de las exigencias de la Organización para el Desarrollo Económica (OCDE), en el año 2022, las reformas fiscales incluyeron entre las obligaciones de los contribuyentes personas morales de identificar y mantener un registro, de dicha identificación del beneficiario controlador. Entendiendo este a aquellas personas físicas que directa o indirectamente obtienen el beneficio final de una persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.
