- La FGR investiga el contrato de servicios legales que firmó la Unidad de Inteligencia Financiera, en tiempos de Santiago Nieto.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga el contrato de servicios legales que firmó la Unidad de Inteligencia Financiera, en tiempos de Santiago Nieto, para demandar por la vía civil en Estados Unidos a Genaro García Luna por 250 millones de dólares.
La investigación por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, contra quien resulte responsable, está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
El convenio indagado es el suscrito el 14 de julio de 2020 por la UIF con los despachos Krupnick Campbell Malone Buser Slama & Hancock, P.A. y Acevedo Scott PLLC, para demandar y representar al Gobierno de México en este litigio contra el ex secretario de Seguridad Pública federal.
Uno de los aspectos que revisa la Fiscalía es si la UIF contaba con la atribución para contratar los servicios legales en un país extranjero o si el convenio lo debió realizar directamente la Secretaría de Hacienda, como superior jerárquico, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El 21 de septiembre de 2021 la UIF mencionó en un comunicado que esta demanda, “la primera para recuperar activos” vinculados con García Luna, la había presentado en coordinación con la Cancillería y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El caso contra el ex jefe policiaco se tramita en la Corte del Onceavo Distrito Judicial de Miami-Dade, en Florida, donde el juez William Thomas fijó hasta el 8 de mayo de 2023 la audiencia de inicio de juicio, en presencia de un jurado.
Además de García Luna, la UIF demandó a otras 7 personas físicas y 39 personas morales, entre ellas el ex subsecretario de Tecnologías de la Información de la SSP, José Francisco Niembro González, y su esposa Martha Nieto Guerrero.
También, la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, y los socios y supuestos prestanombres del ex funcionario, los empresarios Mauricio Weinberg Lopez, Jonathan Weinberg Pinto, Sylvia Pinto de Weinberg y Natan Wancier Taub.
“Los fondos ilegalmente tomados del Gobierno de México fueron usados para construir un imperio de lavado de dinero que incluye al menos 30 empresas localizadas principalmente en Florida, al menos 30 inmuebles, múltiples automóviles y navíos, y fondos sustanciales en cuentas bancarias”, establece la demanda.
Información de Luces de Siglo / STAFF / AGENCIA REFORMA
