Las nuevas facultades de Estados Unidos en el combate al lavado ponen presión a México para demostrar que lucha contra este delito y que los carteles no tienen bancos cooptados.
Estados Unidos tiene nuevas herramientas contra el lavado de dinero. Y las estrenó con México. El 25 de junio, el Departamento del Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), prohibió a sus bancos hacer transferencias con Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, al señalarlas como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
Autoridades e instituciones mexicanas involucradas rechazaron los señalamientos, pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intervino a las instituciones para que la desconfianza no contagiara al ecosistema financiero.
La medida causó sorpresa, sobre todo para el sistema bancario mexicano que presume estrictos controles antilavado, así como por la gravedad de las acusaciones pues, según el FinCEN, ejecutivos de uno de los bancos se habrían reunido con líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“El gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesorero y la FinCEN mandan un mensaje clarísimo: ‘Estas organizaciones que nosotros consideramos terroristas no solo están usando al sistema financiero, sino que lo tienen cooptado’”, indica Michel Levien, director de Streiner Buró Anticorrupción.
Aunque estas acciones se dieron en la administración de Donald Trump, lo cierto es que Estados Unidos ya contemplaba a México como una amenaza en el lavado de dinero. La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero 2024, del Departamento del Tesoro, considera a nuestro país como un “actor amenazante prioritario” por el poder de los carteles de droga en el blanqueo de capitales.
En enero, el Congreso estadounidense aprobó la llamada Ley Antifentanilo y, en febrero, Trump declaró a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Estos cambios les dieron más armas a las autoridades del país vecino para actuar si tienen suficientes indicios, no necesariamente pruebas, de que ciertas instituciones colaboran con el narcotráfico.
No existe una cifra exacta de cuánto dinero se lava en México al año. Las estimaciones van desde los 10,000 millones de dólares (mdd), según la SHCP, hasta 44,000 mdd, de acuerdo con el grupo Global Financial Integrity.
¿Qué deben hacer los bancos?
Hasta ahora, la reacción del gobierno mexicano ha sido la de intervenir a las instituciones señaladas, lo que les ha dado una prórroga de 45 días antes de que entren en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro, pero estas medidas son provisionales.
No hay más instituciones financieras vinculadas a sospechas de lavado de dinero: ABM
Michel Levien señala que la SHCP se debe involucrar más en la prevención y ahora en la corrección. Las instituciones deben hacer investigaciones internas para detectar operaciones ilegales y, con los resultados, cambiar la cultura y el comportamiento de la organización, en aras de demostrar que se está combatiendo el lavado de dinero.
Así como tener sistemas de cumplimiento más rigurosos a nivel de alta dirección. “Ahora vemos que estas instituciones tal vez estaban metidas en la cama con los malos, y ahora se tienen que crear nuevos mecanismos de cumplimiento solamente enfocados en la alta dirección”, agrega.
De lo contrario, puede venir una sanción mucho más fuerte de Estados Unidos, como que México sea declarado una jurisdicción que alberga terroristas, asegura.
