Comisiones del Senado de la República avalan el dictamen, que fortalece capacidades del Estado
El dictamen se aprobó en las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Foto Especial
Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, a fin de fortalecer las capacidades del Estado en el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La iniciativa incorpora reglas específicas y sistemas automatizados para el monitoreo de Personas Políticamente Expuestas (PEP), como secretarios de Estado, jueces, policías, legisladores y demás servidores públicos de los tres niveles de gobierno y los tres Poderes de la Unión, así como de órganos autónomos.
El documento destaca que el propósito fundamental es garantizar la estabilidad del sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional.
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La Secretaría de Hacienda (SHCP) será responsable de elaborar y mantener actualizado un listado nominativo de servidores públicos clasificados como PEP y las dependencias federales, locales y municipales, así como órganos autónomos, empresas públicas y fiscalías deberán remitir sus listados a la SHCP.
Además, se impone la obligación de monitorear intensivamente a las PEP en actividades financieras consideradas de riesgo y de contar con manuales internos para detectar operaciones sospechosas en las llamadas “actividades vulnerables”, que incluyen casinos, joyerías, bienes raíces, venta de autos, obras de arte, préstamos y donativos, entre otras.
Senadores de oposición alertaron sobre riesgos de vigilancia excesiva, uso faccioso y violación de derechos con nuevas atribuciones a la Secretaría de Hacienda y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Manuel Añorve, coordinador del PRI, denunció que la reforma da herramientas al gobierno para “congelar cuentas por simple sospecha” y advirtió un uso faccioso para perseguir a opositores, sindicatos, iglesias y partidos políticos.
Guadalupe Murguía, senadora del PAN, alertó sobre el riesgo de ambigüedad en la definición de PEP y cuestionó que sea la Secretaría de Hacienda la encargada de interpretar e implementar las disposiciones, lo que consideró “jurídicamente inconveniente”.
Sin embargo, Javier Corral, de Morena, presidente de la Comisión de Justicia, aclaró que esta reforma únicamente tiene carácter preventivo-administrativo, por lo que desmintió que incluya el congelamiento de cuentas u otras medidas de índole penal.
